Tras el abrupto cambio político en Andalucía y el anuncio verbal del fin de las subastas se ha abierto un período de confusión que, como toda confusión, es bastante dañino para la industria, la distribución y los pacientes.

En primer lugar, aparece la duda de qué pasa con las subastas en vigor, hasta la 14ª, con convenios ya firmados entre ofertantes y el SAS (Servicio Andaluz de la Salud). Los ofertantes están interpretando que no se convocarán nuevas subastas, pero que las vigentes no pueden detenerse, y ello les asegura un período de al menos 2 años de ventas garantizadas. No puede afirmarse esto con total rotundidad. Las razón es simple: las subastas no se rigen por la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, la archiconocida Ley de Contratos del Estado, sino por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), con su entrada en vigor diferida a octubre de 2016, que regula Convenios entre Administración Pública y Particulares.

¿Qué diferencia hay entre un Contrato y un Convenio? Una y fundamental: El contrato tiene carácter oneroso, y su incumplimiento provoca daños económicos a alguna de las partes. Mientras que el convenio persigue un fin de utilidad pública sin que haya necesariamente un lucro económico por alguna de las partes. Dicho en forma rápida, un convenio, a diferencia de un contrato, podría romperse sin reclamación de daños.

El SAS decidió usar la figura del convenio y la mencionada LRJPS por varias razones: primero, para eludir la previsible acción jurídica de la Administración Central al ver invadidas sus competencias en fijación de precios de medicamentos. Segundo, para poder disponer de un marco legal mucho más flexible que el de los contratos. Y es bueno también para los ofertantes, pues les permite usar “la puerta de arrepentidos” sin demasiadas complicaciones.

En consecuencia, la nueva administración andaluza podría terminar dichos convenios, o sea las subastas, de forma unilateral sin afrontar reclamaciones legales de los ofertantes. La equiparación que algunos hacen de las subastas con los concursos alemanes es pura imaginación creativa.

Ha habido otra confusión, mucho más grave, impulsada por una ignorancia suprema por parte de algún opinante del nuevo gobierno, con la colaboración de algún medio de comunicación acrítico, que transmite lo que alguien ha dicho, pero sin cualificar a ese alguien ni analizar lo dicho. Se trata de la noticia aparecida que afirmaba, nada menos, que el SAS “cambiaría las subastas por la adhesión a la Central de Compras Estatal”. Dicha “Central” es una muy poco operativa plataforma, sin existencia jurídica para celebrar contratos, ya que lo único que hace es coordinar a varias CCAA (si lo desean, pues no es obligatorio), para determinadas compras, como hospitales y vacunas por campañas. Las subastas a la que nos referimos son para dispensación en oficinas de farmacia exclusivamente.

Pero, días después, llegó la traca final, La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, madre de las subastas andaluzas, como Consejera de Sanidad en Andalucía, ya deja entrever que las subastas se extenderían al territorio nacional. O no se sabe explicar, que pudiera ser, o lanza sondas, marca de la casa del actual gobierno, o realmente se lo cree, lo cual debe preocuparnos mucho. Las subastas nacionales tienen un par de “problemillas”:

– Los presupuestos de farmacia están en las CCAA, y sólo ellas pueden convocarlas. Por lógica política sólo las organizarían aquellas CCAA en manos del PSOE, es decir, Asturias, Aragón, Castilla La Mancha, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana. No quiero ni pensar si en las próximas elecciones autonómicas el PSOE pierde alguna de estas, como parece previsible.
– Estaríamos en una situación absurda, anuladas en Andalucía e impuestas en otras CCAA. Si antes había un 20% del mercado en situación atípica, ahora habría algo más. Un 25%, más o menos.
Sea como fuere, lo más importante sería acabar ya con este debate de subastas aplicando razones de supervivencia sectorial. Y para ello nada mejor que usar un escenario de máxima destrucción del sector farmacéutico, y el de las oficinas de farmacia y distribución mayorista.

Unas subastas a nivel nacional supondrían un ahorro teórico para las “arcas públicas” (como gustan decir algunos) de unos 500 millones de € al año (uso un factor de 5:1 para extrapolar el ahorro andaluz declarado a nivel nacional). Pero suponen la pérdida de los siguientes activos:

– Se perderían unos 15.000 puestos de trabajo en el sector, principalmente en oficina de farmacia, lo que traducido a masa salarial serían unos 500 millones de €.
– Esa masa salarial produce un IRPF de unos 50 millones de €, un IVA (por consumo del asalariado, el cual deja de hacerlo cuando está en paro) de unos 25 millones de €, y unas cotizaciones de Seguridad Social de unos 150 millones de €
– Además, generaría unas prestaciones por desempleo de unos 200 millones de €
– Las farmacias perderían un alto % de su beneficio, el cual es muy difícil de calcular, pero que tendría indudablemente su impacto negativo. Pero bien pueden ser unos 50 millones de €, unos 2.000 €/año en cuota impositiva.

Es decir, se pierden unos 475 millones de €. Los ahorros se diluyen en los gastos añadidos y en la pérdida de bases imponibles. Esto en cuanto a consecuencias fiscales. Hay mucho más: gran parte de las empresas farmacéuticas nacionales irían directamente a concurso de acreedores, y las multinacionales reducirían de manera drástica su presencia en España y su plantilla. Y no digamos ya el efecto dominó en proveedores e industria indirecta. Las bases imponibles del impuesto de sociedades al garete, así de simple. Que nadie espera unas altas bases imponibles en las empresas adjudicatarias de subastas, pues sus cuentas de resultados son raquíticas, y sólo consiguen rentabilidad eliminando personal al máximo posible.
Añadamos los problemas de suministro que hemos visto en Andalucía a todo el territorio, ¿se lo imaginan?
El sistema de precios de referencia que tenemos y los concursos públicos de hospitales se bastan y se sobran para contener al gasto, como se ha visto estos últimos 10 años.
Este escriba ha tenido un bombardeo de mensajes privados (ignoro por qué no se hacen públicos) a raíz de mi “descarado posicionamiento anti-subastas”. La frase más usada es: ¿Pero no ve usted que hay que ahorrar en las cuentas públicas? Sí, lo veo y lo deseo, pero ahorrar, no cambiar el dinero de sitio. También hay algunas del sector demagogo: “La Industria Farmacéutica tiene enormes beneficios” Estos son los que miran las noticias de bolsa de Pfizer, y no las de un humilde laboratorio de genéricos. No falta el que dice que: “La industria gasta mucho en Marketing” Y paga sueldos de calidad a sus comerciales, o los pagaba; por tanto, no veo la razón por la cual deban ser trabajadores de segunda. O parados de tercera.
Un sistema de subastas en el que las empresas se la juegan al todo o nada se lo puede permitir Alemania, con una industria realmente innovadora y exportadora, pero no España, donde los genéricos en sentido amplio (se incluyen las marcas fuera de patente) son la gran mayoría, donde innovación hay poca.
Alguien dirá que soy apocalíptico, que las subastas nacionales no serán tan graves. Podemos hacer el experimento, y sin gaseosa. En realidad, ya se ha hecho en Andalucía.