Las subastas andaluzas ya son mayores de edad, y acaban de convocarse las decimocuartas, y llegarán las decimoquintas, y las decimosextas. Incluso la gran muñidora del sistema, Mª Jesús Montero ha alcanzado el cargo de ministra de hacienda del gobierno central de Pedro Sánchez. Es más, ya aparecen voces que promueven su extensión a todo el territorio nacional, es decir, adoptar un sistema de subasta para todos los medicamentos a cargo del Sistema Público de Salud en toda España. Se ponen como ejemplo los concursos alemanes, que poco o nada tienen que ver con esto.
El momento triunfante tuvo lugar a principios de 2017 cuando el Tribunal Constitucional emitió sentencia favorable a la legalidad de las subastas, como respuesta jurídica a diversos recursos presentados por el gobierno de entonces y algunos particulares. Como la ignorancia jurídica del país es la que es, muchos interpretaron esta sentencia en la siguiente forma: “las subastas son obligatorias”. Por aquellos días recibí muchas llamadas de personas del sector transmitiendo un, para mí, incomprensible júbilo. Puedo entender relativamente la alegría en aquellas empresas cuya supervivencia depende de las subastas; pero no entendía a algunos proveedores de API (principios activos) cuyos clientes principales son empresas que no acudían a las subastas, a las que dichas subastas acarrean perjuicios importantes. Incluso algún atolondrado comercial de APIs se atrevió a regocijarse de dicha sentencia delante del propietario de una importante empresa de genéricos, de la cual era proveedor, ante la estupefacción del cliente.
En estos años se ha pasado de un selecto club de pocas empresas que abrazaron el sistema y ofertaron, con buenos resultados, ya que algunas se salvaron del concurso de acreedores, a una serie de ofertantes mucho más amplia. Incluso algunas multinacionales, acérrimas seguidoras de los postulados de Farmaindustria de no acudir a las mismas, ya están presentes, si bien, sólo con algunos productos muy específicos. Sea por error, o por algún tipo de circunstancia muy concreta. Y cada día hay más empresas de genéricos apuntadas a la oferta, las cuales abandonan el paraguas asociativo de AESEG (Asociación de Genéricos).
Pero el caso es que hoy se propone directamente ampliarlo a toda España. Las opiniones que se ponen de manifiesto en los medios fundamentalmente son de políticos y de gestores de los sistemas autonómicos de salud, es decir, de personas que sólo conocen la Industria Farmacéutica como gestores presupuestarios de la prestación farmacéutica. También opinan las asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, a las que todo beneficio empresarial les produce anafilaxis aguda. Con todo el sesgo ideológico que caracteriza a estas opiniones. Si a ello añadimos que hay un gobierno muy condicionado por socios parlamentarios de la llamada izquierda populista, y si además tenemos en cuenta que en las próximas elecciones andaluzas la Sra. Díaz necesita “mantras” para su campaña electoral, y las subastas son idóneas para un mensaje electoral simple y populista, tenemos el arroz a punto para ser servido.
El mensaje que se transmite es: “Las subastas ahorran dinero a las cuentas públicas y por definición son no ya buenas, sino excelentes”. Los intentos para reconducir la situación, han sido acciones judiciales en forma de recursos a la legislación andaluza de subastas. Se basaban principalmente en la rotura de la unidad de mercado y en la invasión de competencias de la Administración Central por parte de la Autonómica. Muy débil, en mi opinión. Y bastante rebuscado. Como hemos dicho el recurso no prosperó. Por parte de asociaciones de farmacéuticos andaluces, apoyados por pacientes, defensor del pueblo y algún otro colectivo, se ha combatido bastante, e incluso se ha llegado al Parlamento Europeo, donde siguen en la batalla. Pero el Parlamento Europeo, en abril de 2018 rehusó analizar el tema. Los europarlamentarios socialistas pusieron sus barreras. Los argumentos que se usaron para poner de manifiesto las desventajas de las subastas fueron en resumen la desafección del paciente al tratamiento ante las múltiples faltas de suministro y la pérdida de igualdad de derechos en la prestación farmacéutica de los andaluces frente a otros ciudadanos españoles. Como los médicos andaluces tampoco han mostrado mucha preocupación, salvo el popular Spiriman, los argumentos no cuajaban.
Otros, con cierta ingenuidad, han combatido las subastas con argumentos bastante peligrosos, y algo ingenuos: las empresas de subastas fabrican en India o China, y quizá no tengan la calidad necesaria. No se sostiene sólidamente, pues lo que se comercializa en España, y en la UE, está autorizado por la Agencia del Medicamento. Ponemos en duda la propia autoridad farmacéutica, y de paso entramos en un espinoso asunto de xenofobia farmacéutica.
Nada de ello ha servido para mucho. Por otra parte, los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía, PP y Cs, tampoco han sido muy entusiastas con las críticas a las subastas. Podemos decir que, si no les dan votos los temas se archivan, o como mucho se comentan en desayunos de trabajo, entre croissant y zumo de pomelo. Lo mismo hay que decir de los agentes empresariales. Ni la distribución farmacéutica, ni la propia Industria han hecho gran cosa, aparte de lo habitual en este país: hablar mucho, decir poco, y hacer menos.
Las subastas tienen varios talones de Aquiles, de fácil exposición:
– No se han facilitado datos de ahorro real, más allá de “hemos ahorrado X-millones de euros”. Dígame cuanto, por producto, por provincia, por ejercicio presupuestario y por empresa suministradora.
– Dichos ahorros, ¿para qué se usan, van a mejorar la sanidad, o acaban en sabe Dios qué despilfarro? Aplicación del ahorro presupuestario, en una palabra.
– Hay muchas faltas de suministro. Hay que saber por parte de quienes, productos, unidades, duración, suministro alternativo y a qué precio
– Como consecuencia de lo anterior: qué sanciones hay impuestas por los fallos de suministro, que deben ser públicas. Así como las medidas correctoras tomadas.
Con estos pocos datos, podríamos saber si las subastas son ventajosas o desventajosas.
Lo que realmente está en la rebotica de las subastas es el contencioso sobre quién debe quedarse con los descuentos que dan las empresas suministradoras: ¿la Hacienda Pública o los Farmacéuticos y Distribuidores? ¿quién tiene más derecho? En el sistema anterior, bien de forma directa o bien por medio de la cooperativa, los descuentos beneficiaban a las cuentas de resultados de los farmacéuticos. Ello permitía mejores márgenes y mayor disponibilidad de liquidez. Y, claro está, se pagaban más impuestos que iban a la Hacienda Pública al haber mayor base imponible (beneficios). Con las subastas, esos descuentos son para la Hacienda Pública, ya que las empresas en subastas como es lógico no dan descuento a la farmacia, ya que para ellas son un “cliente cautivo”. El resultado socio-empresarial es muy simple: las cuentas públicas mejoran y las privadas empeoran.
Y aquí viene la madre de todos los problemas. El teorema oficial es el siguiente: Las cuentas públicas son sagradas y deben ser sostenibles. Si es como usted dice, las subastas son agua bendita. Pero el teorema falla de forma estrepitosa, si se formula de forma completa: Para que las cuentas públicas sean sostenibles es necesario que las privadas lo sean antes, pues las primeras se alimentan de las segundas, en forma de bases imponibles. Las subastas han conseguido ahorrar algo, a costa de perder por otra parte: los IRPF perdidos de los trabajadores de la Industria despedidos por ser innecesarios en un escenario de subastas, el IVA de lo que consumían con sus sueldos, y los impuestos que pagaban las antaño buenas bases imponibles de las farmacias. Así como la prestación por desempleo a abonar. Lo que queremos saber algunos es si el ahorro es mayor o menor que la pérdida provocada en el sector privado. Pare ello nada mejor que contestar a las preguntas que antes hacíamos.
Pero el pimpolludo político-gestor del sistema sanitario no entiende esta “sutileza”, él cobra su sueldo fijo todos los meses y no le preocupa nada más, salvo la medalla otorgada por ahorrar dinero público a costa de perderlo por otro lado.
Ahora, se pretende extender el sistema a toda España. Dudo que País Vasco, Navarra, Cataluña y las CCAA gobernadas por el PP se unan (Castilla La Mancha, Galicia, Murcia, Rioja, Madrid…). De forma que la cosa viene ya devaluada, pero imaginemos el escenario. Hasta el momento las grandes compañías de genéricos: CINFA, KERN, STADA, MYLAN, NORMON, etc… (si olvido alguna, ruego disculpas) se han mantenido al margen de las subastas y no han concurrido. Al fin y al cabo, Andalucía es un 20% del mercado nacional y hay otros. Además, son las suministradoras naturales cuando se producen las faltas de suministro, y parte del mercado andaluz aún lo tienen. Pero en un escenario nacional no tendrían más remedio que ir a subastas. A nadie se le escapa que la potencia de estas compañías – literalmente – aplastaría a los actuales proveedores de subastas, los cuales, si ahora tienen problemas de suministro para una región, no pensemos lo que les ocurriría en una subasta nacional. Y el daño colateral no se haría esperar: estas grandes empresas emplean a muchas personas, generando unos IRPFs, IVAs y cotizaciones sociales muy importantes. Muchos de estos trabajadores serían innecesarios y podemos prever su destino. Tampoco estoy muy seguro de que estas empresas no tuvieran un problema mucho mayor: en subastas trabajas en sistema binario, o ganas o pierdes. Y si pierdes no vendes mucho, y te vas a concurso de acreedores. El batacazo es mucho mayor que despedir a un equipo de ventas. Todavía no están suficientemente internacionalizadas y sus cuentas de resultados dependen en gran medida del mercado nacional.
No deja de sorprenderme que cuando se utiliza el argumento social en las subastas a nadie parece importarle, incluidos los políticos que se desmelenan cuando una empresa cierra su actividad y deja a 100 personas en la calle, y concede subvenciones al primer “empresario” caradura que promete crear 25 puestos de trabajo.
Hace pocos días, ante el “pasotismo” de muchos ante las subastas andaluzas, alguien me ha dicho: “tenemos lo que nos merecemos”. La frase me revuelve las tripas, por lo que tiene de injusta y de culpa colectiva. Pero hay que hartarse de oír lloros y lamentos, mientras uno ve que los actores no salen al escenario o si lo hacen hablan bajito y el público no se entera. Tampoco veo que los sindicatos, siempre al ojeo de trabajadores en problemas, han hecho mutis por el foro. Tampoco los periodistas comprometidos socialmente, según ellos dicen de sí mismos, han dado señales de vida inteligente y verbal.
Como le dijo Arturo Pérez-Reverte a un tuitero que quería conseguir la revolución desde su ordenador: “Coja el sombrero, salga a la calle, tome el Palacio de Invierno y cúrreselo”.