Observo entre los empleados públicos con los que hablo una sensación de excesiva tranquilidad en cuanto al futuro de sus nóminas. Desde el más simplista que me asegura “yo no tengo problema, me paga el estado”, hasta el más refinado que reconoce el problema, pero le encuentra fácil solución: “Europa nos va a dar dinero, y con ello todo solucionado, no estoy preocupado”. Algunos, con cierta superioridad, llegan a decirme que como son un servicio público no se les puede dejar de pagar, como si los demás fuéramos sólo unos elementos secundarios cuya misión es trabajar para que ellos cobren.

Pero, le demos las vueltas que queramos, los sueldos de los funcionarios y los impuestos sobre la renta que pagan por su percepción proceden de los impuestos que pagan los que obtienen su renta en actividades privadas, desde el más humilde trabajador asalariado hasta el más opulento empresario, así como de los diferentes impuestos sobre la actividad, la vida y la muerte: Imp. Sociedades, IVA, IBI, Sucesiones, Actos Jurídicos, Plusvalías. IAE, y el enorme sinfín de cargos fiscales que tenemos, más las cotizaciones sociales. Más tasas turísticas y ecológicas. Los impuestos pagados por los trabajadores públicos se llaman “de segunda generación”, pues no existen si los de “primera generación” del sector privado no existen. Y para que haya un impuesto es condición sine qua non que haya base imponible, o sea ingresos.

El sistema se mantiene en delicado equilibrio cuando el número de perceptores de renta desde el estado son minoritarios frente a los privados, pero ahora hay nada menos que 20 millones, contando pensionistas. Esto es insostenible. El número de colectivos “vulnerables” crece exponencialmente, y en algunos casos se abusa de dicha condición. Y aunque el gobierno intente convencernos que no habrá rescate ni recortes, hay que bañarse en el Lago Realidad. Nadie va a darnos mediante un ingreso en cuenta corriente un generoso donativo de 200.000 millones de €, porque nosotros lo valemos. Será un préstamo con condiciones, quizá no tan agresivas como las del rescate griego de hace unos años, pero habrá condiciones. Y una de ellas con toda seguridad será la bajada de sueldos públicos. Cuanto no lo sé, pero lo habrá. De idéntica forma el prestamista no va a entender determinados gastos en subvenciones o en lo que popularmente se conoce como “chiringuitos”. Incluso puede que exijan una economía de escala ahorrativa y una disminución de las competencias autonómicas.

Por tanto, los empleados públicos tendrán que asumir que su “empresa” también puede quebrar, como otra cualquiera, o al menos entrar en concurso de acreedores. Como aquella famosa conversación de la anterior crisis entre un empleado público que se quejaba amargamente porque le habían quitado una paga, mientras el privado contestaba: “a mí me las han quitado todas”.

El rescate va a ser muy duro y hay que prepararse para bajar nuestro nivel de vida, volvemos a la casilla de partida del 2012, y ya no está el malvado Rajoy para culparle por los recortes, ni las “mareas” pueden salir a protestar contra sí mismas.

Lo que no veremos, eso puedo garantizarlo, es a los políticos bajándose el sueldo o disminuyendo el número de diputados o eliminando el Senado y el Consejo de Estado, o las pensiones de largo tiempo para políticos cesantes. O bien, se produce una incautación o expropiación masiva de bienes privados, que es lo que el Señor Iglesias tiene en la cabeza.

No es pesimismo, ni negativismo, es realismo.